Garzón y la Memoria Histórica.

Para entender como ha llegado el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón a estar al borde la inhabilitación hay que retrotraerse en el tiempo hasta el 14 de diciembre de 2006, cuando 5 asociaciones que reivindicaban la Memoria Histórica presentaron en la Audiencia Nacional denuncias por desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura. Ese día, Garzón estaba de guardia. El juez las envió al Decanato, que procedía a su reparto a través de un programa informático “aleatorio y equitativo”, en palabras del decano, Santiago Pedraz. En el sorteo salió Garzón. Cinco días después el magistrado abrió una investigación preliminar para indagar las denuncias. Durante el año siguiente ratifico mediante providencias la presentación de nuevas demandas.

Las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica justificaban que la vía penal era el camino más corto para desenterrar a las víctimas, pues la otra vía, la administrativa -detallada en la Ley de la Memoria Histórica– aún no había entrado en vigor.

La bola mediática crecía sin mesura y la Fiscalía no tardó en frenar en seco el atrevimiento de Garzón. En una dura respuesta, dejó claro que el juez no era competente para investigar las denuncias que incluyeran la calificación de delitos contra la humanidad. Y, además, avanzó el camino que el instructor acabaría por tomar en noviembre del 2008, cuando decidió inhibirse de la causa: «Las denuncias por detenciones ilegales son delitos comunes que deben ser investigados en los juzgados donde se cometieron los hechos», escribió en febrero de 2008 el fiscal jefe Javier Zaragoza.

Pero Garzón hizo oídos sordos y siguió con las diligencias sin resolver sobre su competencia, ordenó a distintas instituciones el envío de listado de desaparecidos entre 1936 y 1939, «recabando para sí» el control de las exhumaciones que pudieran estar practicándose, según rebatió dos años después la Sala de lo Penal del Supremo para justificar la admisión a trámite de la querella de Manos Limpias por presunta prevaricación.

Si hay un momento clave en la caída del magistrado fue el 16 de octubre de 2008. Pese a las presiones políticas y judiciales para que dejara la investigación, Garzón declaró la competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de crímenes contra la humanidad.

Ordenó la exhumación de las fosas ya identificadas, entre ellas la de Federico García Lorca, y «salvó» los escollos legales implicando a altos cargos de la dictadura, entre ellos Franco, con el argumento de que el delito de detención ilegal no prescribe pese a las leyes de amnistía y por no haberse hallado el paradero de cada uno de los 114.000 desaparecidos registrados.

Al estar todos los acusados fallecidos, el juez anticipó en el auto la extinción de la responsabilidad penal de los autores, lo que presuponía que el caso pasaría de la Audiencia Nacional a los juzgados territoriales correspondientes. De todos modos, la Fiscalía recriminó al juez la vulneración de varios principios legales y las reglas de competencia. Y el 18 de noviembre Garzón, finalmente, se inhibió de la causa al declarar que los responsables de los delitos habían muerto. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisó poco después sus resoluciones y concluyó que el instructor hizo lo que debía.

La verdad que el juez Garzón siempre ha estado rodeado por la polémica. Solo hace falta revisar y analizar detenidamente su biografía.

Sus problemas con la justicia tampoco son nada nuevo. Por ejemplo, a raíz de la publicación de su biografía autorizada “El hombre que veía el amanecer” de la periodista Pilar Urbano, ya tuvo una llamada de atención. Porque “cometió quiebras del deber de guardar secretos” que constaban en algunos sumarios por instruir según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Finalmente, el CGPJ no sanciono al magistrado, porque “las pruebas practicadas no han logrado acreditar suficientemente la autoría de tales infracciones.

La verdad es que la figura del magistrado de la Audiencia Nacional no deja indiferente a nadie. Hay gente que piensa que es un héroe, un juez integro, sin miedo a nada ni a nadie. De todos es conocido su apelativo de juez estrella. Pero también se ha ganado muchos enemigo por actuaciones anteriores (lucha contra el narcotráfico, contra Eta, el Caso Gal,…) y sobre todo, por reabrir el debate de la Memoria Histórica.

Pero este último, es el que parece que va a llevarle al banquillo por la querella presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Dignidad y Justicia. A la que se unirá Falange de la JONS.

Si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no lo remedia, el juez Baltasar Garzón será juzgado por prevaricación, delito por el que puede ser condenado a entre 12 y 20 años de inhabilitación, lo que, en otras palabras, significaría acabar con su carrera judicial.
El magistrado del Supremo Luciano Varela, enfrentado desde hace tiempo con Garzón, acusa al juez de la Audiencia Nacional de prevaricar por abrir un proceso penal para la exhumación de las fosas de las víctimas del franquismo y cargar los gastos al Estado, y también por investigar estos crímenes. Sería una cruel ironía que el juez que ordenó la detención de Pinochet y que ha instruido causas de crímenes contra la humanidad que afectan a varios estados fuera expulsado de la judicatura precisamente cuando se decide a indagar sobre la represión en su propio país, una de las carencias que le reprochaban en el extranjero quienes se oponían a sus investigaciones.

Varela acusa a Garzón de superar los límites de la ley de memoria histórica, que fija que la exhumación debía correr a cargo de los familiares, y de saltarse la ley de amnistía de 1977, ya que, según el instructor de la causa en el Supremo, esos crímenes han prescrito y están amnistiados. Varela asegura que Garzón mantiene una posición «jurídicamente inaceptable» por calificar las desapariciones del franquismo de «crímenes de lesa humanidad» para evitar su prescripción.

A continuación recogemos algunas de las opiniones que han hecho en los últimos días sobre el Caso de la Memoria Histórica y la posible inhabilitación del juez Garzón.

Empezamos con la artículo en el periódico el País del premio nobel luso, José Saramago que nos destaca que Garzón ha hecho universalmente reconocido y respetado el nombre de España” y “se atrevió a procesar a Pinochet, dándole a la justicia de países como Argentina y Chile un ejemplo de dignidad que luego sería continuado”.

También es esclarecedora la opinión del escritor Juan Gelman que no entiende el acoso a que está siendo sometido Baltasar Garzón. La dictadura militar argentina secuestro, torturo, asesino e hizo desaparecer a su hijo en 1976. Gelman ha recordado estos días la atención humana que recibió por parte del magistrado de la Audiencia Nacional cuando era el único juez sobre la faz de la tierra que se había propuesto perseguir los desmanes de los tiranos del Cono Sur latinoamericano.

El artículo del Gran Wyoming en el diario Publico aporta otra teoría “Que el juez Garzón pueda ser apartado de la carrera judicial por “intentar” investigar crímenes del franquismo es un ataque más a la democracia desde la Justicia, que debería ser garante del sistema. Cabe preguntarse la relación entre este proceso y la investigación a la que han sido sometidos altos cargos del Partido Popular por su relación directa con vergonzosos casos de corrupción, al amparo de Rajoy y Cospedal, que no han dudado en denunciar una conspiración política contra sus compañeros sin aportar la menor prueba”.

Y la última opinión que quiero resaltar es la del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova que nos explica en su artículo del diario el País que “La posible inhabilitación de Garzón no hará desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte, que vuelven una y otra vez. Servirá para demostrar, eso sí, la indiferencia y desprecio que algunos poderes siguen mostrando desde la democracia hacia la causa de esas víctimas y de todos aquellos que quieren honrarlas

Como nos adelanto el diario digital elplural.com la solución al tema de la Memoria Histórica y a Garzón puede ser aprobar la iniciativa popular que las Asociaciones de Memoria Histórica van a presentar en el Congreso de los Diputados para crear una ley de “Verdad, Justicia y Reparación” que sustituya la actual Ley de Memoria Histórica y corregir sus defectos. El anteproyecto de esta nueva norma ya está escrito, aunque se busca realizar un debate abierto, con lo que el texto no está cerrado. El Plural nos contaba los puntos más importantes, como la creación de una Fiscalía especializada o un cuerpo especial de Policía Judicial para investigar y perseguir los delitos del franquismo.

Para finalizar traslado una pregunta que se hacia un internauta en un foro del País: “¿Podría una organización neonazi llevar a cabo una querella contra los jueces de Nuremberg?.

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